Editorial TAREA Edición 105

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 31,7 % de la población que reside en ciudades con más de 20 000 mil habitantes fue víctima de algún hecho delictivo durante el año 2023. Lima Metropolitana sería la ciudad más insegura del país, con un 35,2 % de víctimas de delitos. No sorprende, por consiguiente, que según una encuesta de Ipsos de febrero de 2024, un 63 % de habitantes del país y un 70 % de residentes en Lima Metropolitana perciba un agravamiento de la inseguridad ciudadana. Medidas efectistas y de corto plazo, como la declaración de estados de emergencia en algunos distritos con altos índices de delincuencia y criminalidad, continuarán fracasando mientras no se implementen políticas públicas que modifiquen los principales factores asociados al problema: la pobreza, la desigualdad social, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar o el consumo de drogas, entre otros determinantes de actividades criminales.

El proyecto de ley para modernizar el Ministerio del Interior y cambiar su denominación a Ministerio de Seguridad Pública, anunciado por la presidenta de la República en su discurso a la Nación del último 28 de julio, sumado a la clara preferencia del gobierno actual por aplicar políticas represivas y de corto plazo contra el crimen y la violencia —versus políticas preventivas y de largo plazo—, no hacen más que incrementar a niveles históricos la desconfianza de la población peruana en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. Según el Informe Técnico de Percepción Ciudadana del INEI, difundido en mayo del presente año, un 77,5 % de la población no confía en la Policía Nacional y un 79,3 % no confía en el Poder Judicial.

La notable caída del empleo para jóvenes en Lima Metropolitana durante los últimos cinco años debió constituirse en una señal de alarma para las autoridades políticas de la metrópoli y del Estado peruano en general. Según la evidencia internacional, existe una correlación entre el incremento del desempleo juvenil y el incremento de la delincuencia. Durante el primer trimestre del 2024, la oferta de empleo juvenil en Lima Metropolitana fue menor que en el mismo trimestre del 2019 en un inquietante 10,8 %. Sin embargo, siguen sin realizarse los esfuerzos públicos necesarios para ampliar la oferta educativa, cultural y deportiva para estos jóvenes sin acceso a oportunidades laborales. Tampoco se amplían el alcance ni la inversión en políticas y estrategias multisectoriales para garantizar ciudades seguras.

La educación básica de niñas, niños y adolescentes es esencial para prevenir el delito y construir sociedades más seguras. Permanecer en la educación secundaria hasta culminarla ayuda a contrarrestar la delincuencia. Es durante la adolescencia cuando suelen iniciarse las actividades delictivas, inducidas por el fracaso escolar, la baja autoestima, la pertenencia a familias desestructuradas o la influencia de personas del ámbito familiar o amical involucradas en estas actividades, factores que suelen sumarse a los problemas económicos antes mencionados.

Si a mayor educación menor propensión al crimen, universalizar la educación secundaria entre la juventud —desarrollando competencias para el pensamiento crítico, la resolución de dilemas morales y éticos, y el manejo constructivo de conflictos— no es solo una meta urgente sino factible de alcanzar en el mediano plazo. Esto, ciertamente, requiere el liderazgo y la inversión sostenida del Estado, la colaboración de la sociedad civil, del sector privado y de las familias, así como la participación activa de la propia población más involucrada —adolescentes y jóvenes— en los esfuerzos para prevenir la delincuencia y el crimen.

La presente edición de Tarea, Revista de Educación y Cultura, aboga por políticas y prácticas educativas y de seguridad que no se limiten a perseguir el delito, sino que se prevenga asegurando el bienestar de toda la ciudadanía y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Las autoras y los autores invitados comparten sus hallazgos de investigación y sus reflexiones sobre factores asociados al delito y la violencia, y sobre la extendida percepción de inseguridad que se experimenta hoy en las ciudades. Analizan, asimismo, la implementación de políticas públicas para enfrentar la inseguridad en los barrios en el Perú y la violencia relacionada con el fútbol en Colombia. Comparten enfoques y experiencias pedagógicas, artísticas y culturales dirigidas a fortalecer las capacidades de adolescentes, jóvenes, personas adultas y profesionales para comprender el conflicto y la conducta delictiva, desarrollar la capacidad reflexiva, planificar proyectos de vida, promover la paz y la convivencia, y prevenir las amenazas a su seguridad personal y colectiva.

Queda mucho por hacer para que las políticas educativas y de seguridad pública se encaminen a prevenir y reducir el delito y la violencia; y también para que se multipliquen las más efectivas iniciativas pedagógicas y multisectoriales actualmente existentes.

María Amelia Palacios